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Tensión en el corredor minero de Chumbivilcas incendian campamento de la minera Anabic SAC

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La tensión en el corredor minero de la provincia de Chumbivilcas se agrava debido a que los pobladores extreman las medidas de fuerza, por ello ayer en el distrito de Quiñota grupo numeroso de pobladores atacaron la empresa minera ANABI SAC, donde los protestantes incendiaron el campamento dejando daños materiales que lamentar.

Los hechos se registraron ayer en la mañana, cuando el grupo de protestantes se reunieron en inmediaciones del campamento denominado Usamarca, ubicado en la localidad de Pumallaqta, donde se registraron enfrentamientos con la policía que hizo uso de su arma disuasivas para dispersarlos, oportunidad donde un grupo incursiono al campamento ara prender fuego e incendiarse las instalaciones de la minera.

Según los primeros informes es de que los protestantes habian llegado a la zona en busca de dialogo con representantes de la mina, sin encontrar atención a su demanda como es el retiro de la empresa a quien lo acusan de contaminar el medio ambiente y dejar filtraciones de sustancias contaminantes.

A consecuencia de la incursión de los comuneros, los trabajadores de la empresa minera tuvieron que salir de las instalaciones, mientras la Policía dispersaba a los manifestantes, cuando la mina Anabic SAC se halla en el cierre definitivo de sus operaciones, después de muchos años atrás.

Ante estos hechos negativos, el comando de la VII macro region policial a anunciado que reforzara el control en el corredor minero, para evitar los serios enfrentamientos que se registraron en las ultimas 48 horas.

Según la Policía, quedó incinerado el 80 % de las instalaciones. Se destruyó la garita de control (16 viviendas), 2 módulos de servicios higiénicos, 1 de cocina, 2 comedores, la caseta, etc.

Entre diciembre de 2011 y febrero de 2012, las comunidades de Llusco y Quiñota protestaron contra la contaminación de sus fuentes de agua. Aquella vez un grupo de personas incendió uno de los campamentos de Anabi y algunas proveedoras.

Por ese hecho, diez dirigentes fueron acusados sin pruebas, por lo que este año fueron absueltos en segunda instancia. Esa decisión fue apelada con un recurso de casación que deberá ser resuelto por la Corte Superior de Justicia.

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